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Pese al encomiable papel que han jugado frente a la catástrofe haitiana, las autoridades tendrán que cuidarse de lo que a todas luces parece un exceso de protagonismo y vanagloria en los esfuerzos para ayudar a la vecina nación. Eso de que toda la ayuda internacional para mitigar el dolor y el sufrimiento de los haitianos tendrá que entrar por República Dominicana, como anunció el secretario de Hacienda, licenciado Vicente Bengoa, está por verse. Por no decir que no parece posible, aunque sea verdad. En todo caso, una decisión de tal naturaleza debería anunciarla el Gobierno haitiano. Es un noble gesto que Jimaní sea habilitado como centro de acopio para agilizar la solidaridad internacional con la diezmada nación en lo que se avanza en la reparación de los puertos aéreos y marítimos. Pero de ahí a presentarlo como el único medio que se debe utilizar hay mucha diferencia. Se sabe que al menos Estados Unidos ha creado un puente marítimo para transportar  mercancías y que incluso ha distribuido ayuda desde el aire. Se tiene que tener mucho cuidado pues el exceso de protagonismo que en ocasiones ha asomado puede  ensombrecer el gran esfuerzo humano se que  desplegado  frente a la tragedia de la vecina nación.

Balance negativo

Observaciones como las del economista Bernardo Vega son para que el Gobierno comience desde ya a evaluar las repercusiones para el país de las devastaciones en Haití. El ex gobernador del Banco Central advirtió que en el balance sobre las consecuencias de la catástrofe los elementos negativos superan a los positivos. Entre los elementos negativos Vega citó el impacto de las devastaciones en el turismo y en la construcción, dos sectores vitales para la economía. El Gobierno ha jugado el papel que mandaban las circunstancias, pero lo cierto es que debe medir con serenidad las consecuencias de sus acciones. No se discute que habrá más demanda de muchos artículos para suplir el mercado haitiano, incluyendo materiales de construcción, lo cual es positivo para la economía. También habrá muchos otros inconvenientes, por lo que el Gobierno debe ponderar con detenimiento su determinación de envolverse más allá de sus posibilidades en el proceso.