Huelgas contra corrupción

La muerte de un raso de la Policía durante protestas en Salcedo contra la corrupción y la impunidad eleva la tensión en la población. Pero la violencia no puede ser la deriva de paros como los también protagonizados en San Francisco de Macorís, Bonao y Navarrete contra las sentencias que liberaron de juicios a imputados por corrupción.

Los francomacorisanos, que ofrecieron una contundente demostración con el masivo respaldo que encontró el primer día de una huelga de 48 horas, demandan la renuncia del alcalde Félix Rodríguez Grullón, imputado por el supuesto desfalco de más de 400 millones de pesos.

Los movimientos se han propagado con una preocupante carga de violencia desde que se conocieron las sentencias que benefician tanto a Rodríguez Grullón como al senador Félix Bautista.

Además de la muerte de un disparo en la frente del raso Anderson Guzmán en un enfrentamiento entre agentes policiales y manifestantes, en las protestas han resultado varios heridos.

Los paros, sin que nadie se llame a engaño, constituyen una enérgica respuesta y una advertencia que las autoridades no pueden pasar por alto. El respaldo de los más variados sectores refleja la indignación que reina en la población.

Bloqueo frontera

Por la inseguridad y el vandalismo que priman en Haití, patanistas de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) bloquearon el trasiego de mercancías por la frontera con Dajabón.

El caso es delicado, pero por más que lo desea las autoridades no pueden tolerar que nadie en particular tome las leyes en sus manos. Los transportistas, que reclaman la reparación de daños a las unidades y el pago de mercancías que habrían sido sustraídas durante disturbios en Haití, específicamente en Juana Méndez, se han excedido con la acción.

El Gobierno dominicano debe reclamar a Haití que cumpla el acuerdo para garantizar la seguridad de los transportistas dominicanos, así como resarcir las pérdidas que alegan los miembros de Fenatrado.

Pero no se puede dejar que los transportistas controlen el tránsito ni el intercambio comercial por la zona fronteriza. Se trata de una decisión que compete al Estado e incluso solo cuando las circunstancias lo ameritan.