RADAR

Podrá ser una  forma de perder el tiempo, pero la querella interpuesta por Alianza País contra el expresidente Leonel Fernández, el senador Félix Bautista y el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, por el déficit fiscal por más de 187 mil millones de pesos, no deja de plantear un desafío para el procurador general de la República. Francisco Domínguez Brito, que ya exhibió una aplaudida muestra de independencia al solicitar que se reabra el expediente por corrupción elevado contra Bautista, está compelido a estudiar y fallar el sometimiento en términos jurídicos y no políticos. Se trata de una prueba de fuego, aunque haya desestimado un primer sometimiento a ese respecto elevado por la Asociación Dominicana Contra la Corrupción (Adocco). El recurso se fundamenta en supuestas violaciones de los artículos 146, 233 y siguientes de la Constitución de la República, así como de la Ley de Presupuesto, la de Crédito Público, la de Compra y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones y la de Función Pública. Ha de tomarse en cuenta no sólo el sentimiento político, sino que el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, es, además, un experimentado jurista y profesor de Derecho. Domínguez Brito tendrá, pues, que hilar fino con la querella contra Fernández y compartes.

Evasión criminal

Es cierto, como afirmó el senador Rafael Calderón, que en muchos países la evasión fiscal es criminal. Pero también el desfalco de los fondos públicos. El legislador, aunque se haya liberado del estigma con que cargaba cuando era opositor, no debe olvidarlo. En cuanto a la amnistía fiscal, de la cual ha avanzado algunas notas, se espera que pueda ser consensuada y no impuesta, como ha ocurrido con la reforma tributaria. No importa ya que de alguna manera el proyecto represente un premio a la morosidad. La amnistía es una especie de borrón y cuenta nueva. La amenaza contra los que no se acojan a la iniciativa no es el mensaje más adecuado para motivar su aceptación. sobre todo ante la dilapidación de recursos que ha motivado protestas sociales. No se puede criminalizar sólo la evasión y hacerse de la vista gorda ante los desfalcos. La amnistía y la reforma son resultados del alarmante sobregiro por más de 187 mil millones de pesos en que se incurrió para que su nuevo partido retenga el poder.