RADAR

Las compañías de autobuses que han prohibido transportar haitianos en sus unidades por las redadas contra indocumentados de la Dirección de Migración han incurrido en un exceso repudiable. Es inconcebible que los transportistas penalicen a una comunidad en lugar de reclamar que las redadas se efectúen con apego a las leyes. Migración no puede permitir ese abuso, pero tampoco la potestad que se han atribuido vecinos de Santiago de expulsar a la fuerza, bajo ninguna circunstancia, a los haitianos que residen en la zona. El plazo que han dado a las autoridades para actuar si no sacan a los hatianos es una afrenta inaceptable. Son acciones  que también traducen desprecio, y debilitan las repatriaciones de indocumentados. Es lo que se advierte, por más razones sociales que se aleguen, sobre todo tras la epidemia del cólera, y por más preocupante que sea el drama de la masiva inmigración. Las autoridades tienen que crear las condiciones para que las compañías de autobuses dejen sin efecto la veda para transportar haitianos y para que vecinos de Santiago ni de ninguna otra comunidad se atribuyan misiones que no les competen. Las intromisiones pueden tener desenlaces peligrosos, que tienen que evitarse a como dé lugar.

Cargo de conciencia

La huida del poder del dictador tunecino ha puesto de manifiesto no sólo el alcance de las protestas populares, sino la confabulación de la comunidad internacional con un régimen opresivo y corrupto. Ben Ali se granjeó el respaldo de las grandes potencias mediante la hábil explotación de una fachada de prosperidad y modernidad. Una falsa reputación a la que durante 23 años hizo el juego, sabrá Dios las razones, la comunidad internacional. La verdadera realidad salió a relucir tras la inmolación al estilo bonzo de un tunecino de 26 años, Mohamed Bouazizi, licenciado en informática, que se ganaba la vida como vendedor ambulante. Brutalidades policiales fueron la gota que colmaron la gota para que el profesional, que subsistía como vendutero ambulante, pusiera fin a sus días en una plaza pública. La indignación no se hizo esperar. Al cabo de 30 días de incesantes protestas populares que dejaron más de un centenar de muertos, el dictador Ben Ali dejó el limpio. Una lección.