Cacería

Hatillo Palma

Las escenas en Hatillo Palma no podían ser más dramáticas y espantosas. Madres con niños en los brazos huyendo de la violencia, mientras las casuchas en que residían eran pastos de llamas provocadas por turbas enardecidas de dominicanos que vengaban una supuesta violación atribuida a tres haitianos, por demás indocumentados.

Un haitiano de 25 años fue linchado por las hordas. El procurador general d la República, Francisco Domínguez, no solo condenó los horrorosos sucesos, sino que ordenó una investigación para establecer responsabilidades. En un Estado de derecho, en modo alguno se puede permitir que ningún ciudadano ni nadie tome la justicia en sus manos.

Ni contra haitianos ni contra nadie. Si fueron haitianos quienes violaron a la contadora del Ayuntamiento de Hatillo Palma, Carolina de la Cruz, de 42 años, lo que procedía era presentar una querella y que las autoridades se ocuparan de completar la investigación. Domínguez Brito sabe la connotación que tiene la salvaje agresión, en momentos como los actuales, contra los inmigrantes haitianos.

De ahí que sea más que un desafío capturar y traducir a los tribunales a los responsables de los brutales ataques. Se necesita un ejemplo para evitar que un caso particular se convierta en una chispa que se propague por el territorio.