Asoma tormenta

Los nubarrones vuelven a ensombrecer el entorno de la Junta Central Electoral (JCE) a propósito de la agitada y extemporánea campaña proselitista. El adelanto de la fecha de apertura, que solicitó el magistrado Eddy Olivares para controlar el uso de los recursos públicos, puede ser el detonante.

La petición de Olivares fue seguida de un torpedo dirigido al presidente del tribunal, Roberto Rosario, por el juez José Ángel Aquino.

Advirtió que la petición de Olivares no es necesaria, porque el artículo 47 de la Ley Electoral da un mandato claro y expreso a la JCE para controlar el uso de los recursos del Estado; o sea, que basta con la intervención del tribunal. Aunque lamentó, eso sí, la falta de voluntad de la clase política al no impulsar la aprobación de la ley de partidos y del régimen electoral.

También Olivares coincidió en que a las élites de los partidos políticos no les interesa ser regularizadas, porque les conviene competir en un proceso desordenado.

El que ha guardado silencio sobre el evidente fuego cruzado a que ha sido sometido por los dos magistrados ha sido el presidente de la JCE, quien al parecer prefiere concentrarse en otros asuntos del proceso para vadear una tormenta llamada a cobrar mucha fuerza.