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El Gobierno está compelido a  consensuar con el sector productivo,  clase política y sociedad civil todo lo relativo a contenido y proyección  del Presupuesto General del Estado, no sólo  para pactar políticas públicas  de impulso al desarrollo,  sino también para corregir la visión que se tiene a partir del fracaso del diálogo por la Reforma Fiscal, de una Administración que no escucha a la sociedad.

No basta que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo diseñe en frío un estimado de Ingreso y Ley de Gastos para 2013, con la  sola premisa de que su monto sería de 469 mil millones de pesos, porque hace falta que previamente se consulte a los diferentes sectores a los fines de que  sus aspiraciones sean atendidas en lo posible. Se incurriría en un error fatal si, basado en la premura o falta de tiempo, se  acude solo al poder de la mayoría parlamentaria para  aprobar un Presupuesto basado en la unilateralidad.

En las sociedades modernas, la democracia no sólo se ejerce por vía del poder delegado, sino principalmente por el ejercicio de un dialogo inclusivo, no excluyente. Si  la Constitución  de la República se reputa como el Pacto Social,  el Presupuesto General del Estado debería ser igual a un Pacto Económico del Gobierno con la sociedad.