RADAR

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez ha vuelto a tronar sobre la burla a la población en que se ha convertido la impunidad que reina en el país. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo consideró una vergüenza que, con el supuesto apoyo de instancias policiales, militares y de poder, el narcotráfico y la delincuencia operen por su cuenta.   El juicio puede parecer fuerte, pero lo que se advierte no deja espacio para otro criterio, pues de no ser por la aparente complicidad de sectores de poder, la delincuencia no luciera tan imbatible. Es verdad que los tribunales pueden tener mucho de culpa en la excarcelación de sometidos por crímenes y narcotráfico, pero también hay que tomar en cuenta la instrumentación de los expedientes. A veces las pruebas son tan insostenibles que a los magistrados no les queda más que ordenar la libertad de los acusados. No se puede acusar y menos condenar sin pruebas. En lo que nada se puede regatear al prelado es en cuanto a que narcotraficantes y delincuentes parecen estar de su cuenta. De otra forma ni siquiera burlaran con tanta facilidad, como ha ocurrido con fugitivos como José David Figueroa Agosto y Sobeida Féliz Morel, la persecución de que se ha dado cuenta.

PLD no  la quiere

Si el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no quiere la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas debe admitirlo de una vez y por todas. Tanto rodeo para la aprobación de una legislación que no hace más que regular el ejercicio político evidencia una clara oposición. La Cámara de Diputados la acaba de posponer para marzo a fin de que el Comité Político del PLD le haga algunas observaciones. De aprobarse, como ha garantizado el presidente de la Cámara Baja, licenciado Julio César Valentín, es posible que sea con modificaciones que desnaturalicen el proyecto original, o que no haya tiempo para aplicarla en las próximas elecciones. Es justo reconocer que Valentín se ha identificado desde el primer momento con la pieza promovida no sólo por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), sino por la Junta Central Electoral (JCE) y la sociedad civil. Pero después de ser consensuada por el presidente Leonel Fernández ahora el PLD no la quiere.