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A menos que se viole algún pacto internacional, el Gobierno no necesita pretexto alguno para expulsar extranjeros que residan de manera ilegal en el territorio. En ese sentido es incorrecta la percepción de la prensa internacional de que las autoridades  se han aprovechado de la epidemia del cólera para justificar las repatriaciones de haitianos indocumentados. No se conoce de ningún acuerdo que pudiera haber pactado el Gobierno para no tocar a los extranjeros ilegales, sean haitianos o de cualquier otra nacionalidad. Se supone que las autoridades no tienen que pedir permiso ni valerse de ninguna coyuntura para ejercer su soberanía, de la misma manera en que lo hacen Estados Unidos, Francia o cualquier otra nación. Lo censurable sería que en las repatriaciones se violen los derechos o se atropelle a cualquier persona. O que la epidemia del cólera en Haití sea motivo de una cacería contra haitianos residentes legalmente en el territorio. Pero la prensa ni la comunidad internacional pueden alarmarse de que extranjeros ilegales sean repatriados. Es lo que hacen todos los países, sin excepción alguna, máxime cuando los extranjeros constituyen una carga para social y económica.

Críticas sin sordina

El asesor industrial del Poder Ejecutivo, Antonio Isa Conde, se ha convertido en uno de los críticos más persistentes de la política económica del Gobierno. El funcionario habla como si se estuviera en presencia de una farsa y camino del abismo. Advierte que el sector informal constituye ya el 60 por ciento del mercado laboral, con salarios paupérrimos que se estima son dos veces menores que en el formal y con poca o ninguna cobertura social. “Pero lo peor de todo”, agrega, “es que cada día el poder de compra de todos los salarios se degrada, y disminuye la capacidad de una parte importante de la empresa para mantenerse a flote.   A esa situación dice que es que se debe que mientras los precios suben por el ascensor, los salarios lo hacen por la escalera, pero además el creciente aurge de la delincuencia, la drogadicción y el deterioro de las instituciones. Isa Conde habla como si no fuera un funcionario público, sino un empresario sin ataduras ni pelos en la lengua.