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Son cada vez más concretas las evidencias de que el procurador general de la República se ha excedido en los tres meses de prisión que solicitó como medida de coerción contra el senador Amable Aristy Castro.

Si la remoción de una auditoría sobre supuestas irregularidades cometidas por Aristy Castro cuando era secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD) generó suspicacias, la coerción que solicitó Francisco Domínguez Brito confirmó que se trata de un caso personal y político. Además de no guardar siquiera las formas, Domínguez Brito obvió, conforme han expuesto prestantes juristas, que la prisión preventiva es una medida excepcional que debe imponerse cuando el imputado representa algún peligro para la sociedad.

Que  el senador por La Altagracia sea responsable o no de los cargos que se le imputan es una cosa, pero otra muy diferente es que un político su dimensión y con los intereses económicos que se sabe tiene en el país sea capaz de burlar la justicia. Con su actitud Domínguez Brito desacredita aún más un proceso que para muchos es una comedia concebida, también, con el propósito de desviar la atención pública sobre los problemas nacionales. La justicia tendrá que hilar fino para no hacerse cómplice de un deplorable atropello.