No hay forma de entender por qué cada vez que se emprenden iniciativas para disminuir la incidencia de la criminalidad y la violencia, jueces y abogados echan manos al tema de la sociedad y los derechos humanos, como si la ley sólo se usara para violentar preceptos ciudadanos inalienables. Es cierto que en la sociedad se incuba el flagelo de la delincuencia y que se requieren remedios sociales para aliviar o erradicar ese mal, pero en ninguna parte del mundo, las penalidades se corresponden siempre con la gravedad del crimen, por tanto no hay que enfrentar el endurecimiento de las penas, con el imprescindible abordaje social para frenar el auge de los crímenes y delitos. La Cámara de Diputados ha modificado 75 artículos del Código Procesal Penal, para establecer la imposición obligatoria de prisión preventiva contra imputados de asesinatos, narcotráfico y otros crímenes graves, así como disponer la apertura del accionar público ante los casos de golpes y heridas provocados en el contexto familiar. ¿Atenta eso contra los derechos humanos? No hombre, no. Ese tipo de modificación del CPP más que necesario es urgente. Lo mismo ocurre con el Código del Menor, que se propone modificar para elevar de cinco a 15 años la presión a adolescentes desde 16 años que perpetren crímenes violentos. Muy bien. Tampoco se puede ser más papista que el Santo Padre.
Crisis árabe
La Primavera Arabe rebrota en el mundo musulmán, con nuevas manifestaciones en Siria, Egipto y Yemen en reclamo de democracia, expresiones populares que son duramente reprimidas por los regímenes totalitarios que desgobiernan a esas naciones. A pesar de la advertencia de la Liga Arabe, de imponer sanciones económicas, el Gobierno sirio continúa con su campaña de represión que ha causado centenares de muertos, mientras el régimen militar de Egipto maniobra en medio de una gran crisis social para perpetuarse en el Poder tras la caída de Hosni Mubarak, por lo que se vaticina la continuación de las grandes manifestaciones y la represión del Ejército. Una situación similar se padece en Yemen, donde también el Gobierno de Ali Saleh maniobra para evadir la exigencia popular de que se instale la democracia.

