No termina el vía crucis para conseguir una legal y legítima pensión de los trabajadores que dejaron sus vidas en las fábricas o el campo. Ahora se alega que una resolución del Ministerio de Hacienda retrasa la aprobación de las pensiones por vejez o invalidez a trabajadores que se ganaron ese derecho a través de sus cotizaciones al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). No se sabe cuántas personas que no han hecho el menor aporte a la Seguridad Social, muchas jóvenes y que incluso realizan diferentes actividades productivas, gozan de una privilegiada pensión del Estado. Pero los trabajadores que sí han cotizado, que hoy carecen de fuerza y salud para ganarse la vida, encuentran toda suerte de obstáculo para obtener una pensión a la que tienen pleno derecho. De acuerdo con la dirección de pensiones del IDSS, el organismo no puede aprobar, sino hacer las recomendaciones para que el Ministerio de Hacienda decida al respecto. El procedimiento no es lo cuestionable. Lo que se censura son los inconvenientes que tienen que padecer trabajadores que tienen pleno derecho para conseguir una pensión. Eso no ocurre con personas que tienen padrinos o influencias políticas para disfrutar, incluso, de asignaciones privilegiadas.
Desfalco rechazado
Las explicaciones de los imputados sobre el supuesto desfalco en la cooperativa de la Cámara de Diputados ameritan que se profundicen las investigaciones. Tomás Beltré Jiménez y Antonio Almonte Paulino, presidente y tesorero, atribuyeron el escándalo a un supuesto plan de funcionarios del cuerpo legislativo para controlar la entidad. Por la voracidad que ha caracterizado la acción legislativa, mejor es que se realice una investigación a fondo para que aflore la verdad. Los imputados han reclamado al Instituto Dominicano de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) que publique las auditorías que reflejarían las supuestas irregularidades. Cuesta aceptar que la mezquindad haya llegado al grado no sólo de desconocer la recuperación de la entidad que alegan Beltré y Almonte Paulino, sino de buscar dañar su imagen. Tratándose de una persona ecuánime y consecuente, lo mejor sería que el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, ordene una amplia investigación al respecto.

