RADAR

Sería el colmo de los colmos que, como acaba de denunciar el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se pretenda legislar para perpetuar en sus cargos a los funcionarios diplomáticos y consulares. La abultada nómina de que se ha dado cuenta en el servicio exterior, en torno a la cual el canciller Carlos Morales Troncoso no ha dicho siquiera esta boca es mía, lo que amerita es de una profilaxis. Y si Hipólito Mejía denuncia que se contempla aprobar una ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, para eternizar a los actuales representantes diplomáticos, es porque tiene muy buena información en ese sentido. Hizo bien en alertar a la opinión pública sobre un proyecto inaudito. Cualquier aclaración oficial debe abordar el exceso de nombramiento, a tal punto de que Colombia no acepta un empleado más en la embajada dominicana. Para colmo muchos funcionarios diplomáticos y consulares pasan la mayor parte del tiempo en República Dominicana. Sería inaceptable que a través de cualquier mecanismo se trate de perpetuar nombramientos que, en realidad, suponen despilfarro de recursos. Si algo procede es una rigurosa depuración de la nómina de diplomáticos de la Cancillería.

Valioso respaldo

La condena por difamación e injuria del periodista Johnny Alberto Salazar es una estocada a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Pero con la monstruosa sentencia, que ha encontrado un amplio rechazo en diferentes sectores, no se amedrentará a ningún periodista comprometido con el oficio. La magistrada Selma Bonilla pudo haber encontrado, si lo hubiera deseado o buscado, algún mecanismo jurídico para no llegar al extremo de atentar contra la libertad de expresión. En apoyo a Salazar, quien fue demandado por el abogado Pedro Baldera Gómez,  presidente del Comité de los Derechos Humanos en Nagua, se han movilizado muchos sectores. Incluso ayer se celebró en el municipio un concierto popular, en que estaban cantautores como Ramón Leonardo, en demanda de respeto a la libertad de expresión y para completar el millón de pesos de inmdenización a que el comunicador fue condenado. El caso es, además, otra señal de alerta.