Los jueces del orden judicial escogieron mediante elecciones a los magistrados que integrarán el Consejo del Poder Judicial, un organismo con rango constitucional que regirá la parte administrativa y disciplinaria de la judicatura, lo que se considera como un gran paso de avance en la consolidación de ese poder del Estado y en la garantía de una sana administración de justicia. A partir de la instalación de ese órgano, la Suprema Corte de Justicia abdica a sus actuales roles de ente administrativo y disciplinario del Poder Judicial, funciones que estarán a cargo del nuevo ente integrado por jueces de Corte, Primera Instancia y de Juzgados de Paz. La Suprema centrará su labor en las funciones constitucionales de tribunal de casación y de alzada y para los casos de privilegio de jurisdicción que señala la Carta Magna. Los jueces electos para integrar el Consejo del Poder Judicial, Samuel Arias Arzeno, Francisco Alberto Arias y Elías Santini Perera, así como sus respectivos suplentes, serán juramentados y posesionados el 7 de marzo. Un paso de avance.
Con derecho Sin razón
A los maestros les sobra derecho para la protesta pero carecen de razón para abandonar las aulas, por lo que deberían armonizar su legítima prerrogativa con la de los alumnos de recibir docencia continua y de calidad. El vía crucis, que terminó el viernes con la participación de cientos de maestros, pudo efectuarse durante sábado y domingo, para evitar pérdida de clases en escuelas públicas de Santiago y Línea Noroeste. No parece justo reclamar mejor educación al tiempo que se niega impartir educación. Por las mismas razones que esgrimen profesores de la Línea Noroeste, colegas suyos de la región Sur abandonaron las aulas durante cuatro meses, lo que constituye un crimen contra el futuro de miles de niños condenados desde ya a la prisión de la ignorancia y del discrimen. El derecho de los maestros termina donde debería empezar el de los estudiantes.

