Impasse

El acuerdo de libre comercio que República Dominicana suscribió con la Unión Europea se ha quedado en el limbo por problemas de coordinación con los países del Caricom. Es lo que traduce la queja del canciller Carlos Morales Troncoso, de la cual también puede deducirse algún tipo de mal entendido en las relaciones con las naciones caribeñas. Hace unos días esos países señalaron que República Dominicana debía definir su participación en las negociaciones de un acuerdo comercial con la Unión Europea. El canciller Morales Troncoso viajó a Bruselas para tratar de superar el impasse, pero al parecer se encontró con que el problema era con los Estados caribeños. El problema no parece que sea sólo de coordinación, como se ha alegado. Dados los inconvenientes es válida la interrogante de si existe algún tipo de conflicto con esos países que impiden a República Dominicana beneficiarse del acuerdo económico con la Unión Europea.

Suspicaz comienzo

Después de una larga y hasta suspicaz demora, el borrón y cuenta nueva con que comienza mañana la ley que criminaliza el fraude eléctrico es un mal augurio.

Quienes durante años se las arreglaron para no pagar el servicio han resultado indultados con un ofensivo borrón y cuenta nueva. ¡Cuánta suerte!

Ni siquiera por casualidad se sabrá quiénes han sido los afortunados, aunque es obvio que no son del común. Quizás por aquello de los secretos del éxito.

Los buenas pagas de la electricidad no tienen más que consolarse con su condición de cumplidores. Aunque tampoco nadie garantizaría que tuvieran la dicha de esos marrulleros beneficiados con el hiriente borrón y cuenta nueva.

Lo único que tienen que hacer a partir de mañana es legalizar el consumo de energía. El indulto explica en parte la demora para aplicar la ley que penaliza el fraude eléctrico.

A causa del robo las distribuidoras tuvieron pérdidas de un 17 por ciento en 2008. Aún así, los responsables de esa práctica se han salido con las suyas. Habría que ver lo que el monto significa para las comercializadoras.

Se trata sin duda alguna de un mal comienzo de una legislación que debió entrar en vigencia desde el primer momento. El precedente con que se inicia no permite mayores ilusiones sobre el efecto que se espera de la medida.