RADAR

El Gobierno no precisa los ingresos adicionales en el Presupuesto de 2011, que de hecho algunos economistas consideran sobrevaluado, pero aún así consigna un 30 por ciento de los excedentes para el sector educativo. El porcentaje adicional, conforme al adendum remitido al Senado, será para la construcción, remodelación y equipaje de aulas, lo que denota, al no incluirse al maestro, que para el Gobierno la calidad de la enseñanza se fundamenta en las instalaciones físicas. Pero el caso es, según economistas como Arturo Martínez Moya, que al sobreestimar en un 9 por ciento los ingresos tributarios, no hay ninguna base que sustente el excedente que plantea el Gobierno. No descartó, incluso, que los ingresos fiscales del año entrante puedan ser inferiores a los de este 2010. Citó que un 5.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) se destinará al servicio de la deuda pública, en tanto que los ingresos de capital serán de un 4.5, lo que refleja un déficit de un uno por ciento. Pero además se proyecta que la crisis en Estados Unidos y Europa gravitará sobre el turismo y las remesas. Como pinta el panorama, la verdad es que el 30 por ciento del supuesto excedente presupuestario parece parte de una salida demagógica. O más bien burlona.

Rosario y las actas

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, ha dado cuenta de un detalle polémico sobre el alza de las certificaciones en los documentos de identidad y electoral. Dice Rosario que con la adquisición de la data del tribunal, entidades públicas y privadas no tendrían que penalizar a los contribuyentes con certificaciones. Sólo por un asunto de seguridad, transparencia y buen servicio es obvio que todas las entidades debían disponer de la data de la JCE. Sin justificar los aumentos, Rosario también tiene razón al señalar que la Junta no puede financiar a los entes, y menos financieros, que requieren documentos del tribunal.  Es verdad que el servicio que ofrece la JCE tiene un costo en equipos y personal con el que no puede cargar. Rosario entiende que los documentos deben ser gratis para losciudadanos, pero en modo alguno para entidades con fines de lucro. Mientras, el proceso para obtener las certificaciones representa una odisea para los usuarios.