Les dieron bola negra

Quizás el Gobierno y contertulios puedan justificar la no inclusión en la Cumbre Presidencial del tema sobre los severos daños a viviendas e infraestructura causados por el paso de cinco tormentas en los últimos dos años. Resulta inexplicable que ese escenario dialogante haya declinado discutir el tema sobre el reclamo de aumento salarial en el sector privado, a pesar de la insistencia de las centrales sindicales para que fuera abordado. Con o sin crisis internacional, el Gobierno tendrá que procurar recursos para reconstruir o reparar la infraestructura física dañada por las tormentas, pero para lograr un aumento salarial es necesario que se realice una negociación tan amplia como sea posible entre sectores empleador y trabajadores. No se entiende, entonces, por qué las asociaciones empresariales que estuvieron tan activas en otras mesas de ese diálogo, no ocuparon su asiento cuando se reclamó hablar sobre el tema, que sí corresponde al objetivo de la cumbre. No resulta saludable dar la espalda a un reclamo que, como el incremento de sueldos a servidores del sector privado, merece ser discutido, sin llorar con el buche lleno.

Desarme tributario

El secretario de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda, anunció la cancelación de los permisos de porte y tenencia de más de 15 mil armas de fuego, cuyos propietarios llevan más de dos años sin renovar el documento y quienes tendrán que entregarlas en el depósito de esa institución.

No parece tarea fácil incautar tan elevada cantidad de pistolas, revólveres y escopetas, en manos de ciudadanos que no han podido o no han querido pagar los impuestos correspondientes para su porte o tenencia, pero la verdad es que muchos plazos fueron concedidos para esos fines.

El doctor Almeyda ha dicho que con la cancelación de los permisos de portar o tener armas a gente morosas en el pago de impuestos, se cumple con una de las propuestas de la cumbre presidencial sobre hacer cumplir la ley de control, comercio, porte y tenencia de esos artefactos.

Convendría, sin embargo, que el control de la ley también se garantice por el lado de cancelar permisos a ciudadanos no aptos para portar armas de fuego, aunque paguen sus impuestos, porque de lo contrario la legislación se convertiría en un simple legado tributario.

Se requiere también que Interior y Policía procure desarmar a decenas de miles de personas que portan o tienen armas de fuego de manera ilegal, es decir, sin ningún tipo de papel o permiso y que además las usan para atracar y matar.