RADAR

Tras apropiarse de tres mil millones de pesos de los fondos de pensiones de los trabajadores, no se sabe con cuáles propósitos, el Gobierno ha vuelto a poner la mira en 120 mil millones de la seguridad social para un proyecto habitacional dirigido a personas de escasos recursos económicos. El superintendente del Fondo de Pensiones y uno de los propulsores del proyecto, Joaquín Gerónimo; el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, y el director de Aduanas, Rafael Camilo, se reunieron con una comisión especial de la Cámara de Diputados para analizar la conveniencia de que se apruebe la utilización de los recursos. En una economía que según las autoridades no tiene problemas no debería existir el menor  interés para usar los recursos de los trabajadores en ningún programa oficial. Al margen de los suspicaces tintes políticos, tampoco se puede olvidar la dolorosa referencia del desaparecido Banco de los Trabajadores. Como no se espera que los congresistas se planten en defensa del interés de la población, compete a la opinión pública evitar que se toque siquiera un centavo de los fondos de pensiones.  Tan bien como dice que está, el Gobierno no tiene necesidad de valerse para nada de los fondos de pensiones.

Gobierno endeudado

El Gobierno admitió que se ha sacrificado con unos 948 millones de pesos para evitar las consecuencias del alza de los precios de los carburantes. De acuerdo con el ministro de Industria y Comercio, José Ramón Fadul, ha absorbido una deuda de 853 millones de pesos con la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y otra de 191 con Coastal. La decisión se contrapone a la Ley de Hidrocarburos. La legislación consigna la variación de los combustibles conforme a los precios internacionales y a la tasa de cambio. Como el Gobierno carece de excedentes que le permitan absorber las alzas, es obvio que la decisión tiene fines políticos. Para evitar el costo político de los aumentos generados por el petróleo el Gobierno lo que ha puesto en juego es la estabilidad macroeconómica. Está bien que se quiera proteger a la población de los efectos de las alzas, pero de no austerizarse el gasto y el consumo oficial sólo se está ante un problema de tiempo, de desenlace impredecible.