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Loable

Los últimos hechos de violencia que han sacudido a la población han servido no sólo como radiografía del clima social, sino para exponer una mejor imagen de la jefatura de la Policía. En el atraco a la empresa Parmalat el primero en ponerse al frente de las investigaciones  fue su titular mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, cuya presencia fue determinante para identificar al mayor de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Jorge Luis Vargas Cuello como uno de los participantes en el atraco. Ahora, tras el asalto en que resultó herido Soto Segundo Bermúdez García, hijo del ex gobernador  de Santiago Marcelo Bermúdez, el jefe de la Policía llegó a las 11:58 de la noche a esa   ciudad para iniciar las investigaciones. Las heridas de Bermúdez García, recluido en el Hospital Metropolitano de Santiago, no son de la gravedad que se había informado, pero el caso perturbó a la población. Las actuaciones sólo confirman la preocupación que ha exhibido la Policía para combatir la delincuencia común, a la cual se atribuye el asalto contra el hijo del ex gobernador de Santiato.Pero la activa participación de Guzmán Fermín en las investigaciones amerita sin mezquindad alguna un merecido reconocimiento.

Costosos conflictos

Las discrepancias internas han tenido un alto costo tanto técnico como financiero para la Junta Central Electoral (JCE). El conflicto con la empresa Somo no sólo retrasó el urgente proceso de automatización de documentos, sino que representa la erogación de 9 millones de dólares.

Para colmo las denuncias de falsificación y suplantación de documentos de identidad y electoral , que habría afectado incluso a profesionales del béisbol, se incrementaron durante la litis. O sea, que la imagen del tribunal también ha resultado afectada.

La Junta perdió un pleito que como dijo el presidente de la Cámara Administrativa, licenciado Roberto Rosario, jamás debió entablar. Varias auditorías confirmaron que la firma había cumplido el contrato que ganó a través de un concurso y que operaba con transparencia.

Ahora hay que pagarle a Somo lo adeudado, con el agravante del costo que representa el retraso en el proceso de automatización de las oficialías civiles.

Sin embargo, queda la interrogante en torno a las razones que llevaron al tribunal a entablar la acción legal contra una empresa que de acuerdo con un magistrado ycinco auditorías cumplía con su contrato.

Un tribunal determinó que todo estaba en orden. La Junta tendrá que pagar, aunque lo más doloroso sea que los recursos saldrán de las costillas del contribuyente.