Serio problema
Es motivo de gran preocupación el anuncio de que la minera Falconbridge Dominicana despediría más de mil trabajadores a causa de la baja experimentada por los precios del níquel en los mercados internacionales, porque el impacto de esos desahucios sería catastrófico para la economía de la provincia Monseñor Nouel. Aunque no se ha señalado la figura del Código Laboral a que se acogería la gerencia de Falconbridge para disminuir su plantilla de empleados, el sindicato de la empresa cree que se dispondrá de despidos masivos y no de suspensiones temporales. La empresa ha señalado que suspendería sus labores de extracción del mineral por cuatro meses, tiempo durante el cual realizaría transformaciones o adecuaciones de su plantel productivo, incluido la modificación de su planta de generación eléctrica para que use carbón mineral en vez de bunker seis. El Sindicato reclama que el Gobierno asuma el pago de los trabajadores cesanteados, aunque lo posible sería que explore alguna solución parecida, quizás a la aplicada al sector zona franca que durante meses ha recibido un subsidio oficial por cada puesto de trabajo preservado. Debería evitarse a toda costa esos posibles despidos masivos que impactarían como huracán en la economía de Monseñor Nouel y de todo el Cibao.
Final feliz
La niña Johanna Monegro Rossó, de dos años, ha sido retornada al seno de su familia en San Francisco de Macorís, después de permanecer desde el miércoles en poder de secuestradores que reclamaban medio millón de pesos por su recate.
El desenlace feliz de este drama es motivo de regocijo para el hogar de Johanna, quien no presenta visibles maltratos físicos, aunque es evidente que habrá sufrido angustia emocional, que para ser subsanada requerirán de asistencia profesional.
Se ha dicho que Johanna fue dejada libre por una mujer en un restaurante de Santiago,después que los raptores señalaron a los padres de la niña varias direcciones de La Vega para recibir los 500 mil pesos exigidos para su liberación, aunque se dijo que el rescate nunca fue pagado.
La Policía está en obligación de identificar, detener y someter a la justicia a los secuestradores de la niña porque bajo ninguna circunstancia, ese crimen ni ningún otro caso de rapto debe quedar sin ejemplar castigo judicial.
Es pertinente llamar la atención sobre la preocupante frecuencia de secuestros que se han cometido en las últimas semanas, lo que hace temer que esta modalidad criminal, esta vez, habría llegado para quedarse.

