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Es censurable que Estados Unidos se entrometa, por demás en forma descarada, en la rebelión del pueblo libio contra el dictador Muamar el Gadafi. Aunque forme parte de la reprochable historia estadounidense, la administración del presidente Barack Obama ha debido siquiera guardar las formas ante una sublevación a la que se atribuyen intereses espurios. Los gobiernos aliados de Gadafi han denunciado que la revuelta ha sido instigada por Estados Unidos con el objetivo de alzarse con las explotaciones petroleras de la nación norafricana. Libia es el séptimo productor mundial de petróleo. La canciller Hillary Clinton declaró que Washington estaba listo para suministrar cualquier tipo de ayuda a la oposición a Gadafi, cuyos líderes acaban de crear un consejo nacional de transición. Mientras, Gadafi, cada día más arrinconado en Trípoli, ha declarado que aplastará a los insurgentes y que no abandonará su país. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó sancionarlo por la muerte de decenas de miles de civiles  durante los combates que se han librado en Libia. La dictadura de Gadafi no es la única de los países árabes como para que Washington decidiera intervenir en favor de la oposición. Hay otras igualmente crueles.

Ha de aclararse

El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) no puede guardar silencio sobre la denuncia de que terrenos del emporio en el Este son vendidos a precio de vaca muerta a potentados, políticos y funcionarios del Gobierno. Al hacer la denuncia, el Movimiento  Campesino del Este dice tener pruebas de que en la sección Magarín, de El Seibo, el CEA ha vendido a 1,500, 2000 y 3000 pesos tareas que se cotizan a 15 mil y 20 mil pesos. Las ventas, según la entidad, no sólo se han efectuado a precio vil, sino en violación de la ley 141 sobre capitalización de la empresa pública. Como se supone que se trata de un atentado contra el patrimonio público, el Departamento contra la Corrupción Administrativa debe iniciar una investigación para determinar la veracidad de la denuncia y establecer responsabilidades. Pero las autoridades del CEA deben hacer una aclaración sobre una denuncia de la cual el movimiento campesino, que coordina José Guzmán, dice tener pruebas.