En estos tiempos de grandes adelantos tecnológicos era tan cuestionable como irracional que la Junta Central Electoral (JCE) tuviera que disponer de 19 oficinas en el exterior como centros de votación y para proporcionar cualquier documento de identidad y electoral. No sólo había que pagar alquiler y otros servicios, sino una nómina de unos 70 empleados en todas las sedes para dotar a una persona de algún papel.

Se trata de un lujo que no se permite ninguna otra nación, por mayor que pueda ser su comunidad en el exterior. Aunque la clausura de las oficinas fuera forzada por la reducción del presupuesto para 2013 a la JCE, la decisión no plantea ninguna crisis.

El servicio que ofrecían las oficinas en el extranjero puede proporcionarse sin mayores dificultades a través de cualquier otra instancia. La comunicación digital simplifica y la facilita los trámites para ejercer el sufragio desde cualquier rincón del planeta como para la expedición de cualquier documento.

El cierre de las oficinas no debe ser la única medida de un organismo técnico como la JCE para economizar gastos. Puede abocarse a una reingeniería para aprovechar al máximo los recursos sin menoscabo de los servicios.