Difícil

Después que el presidente Leonel Fernández defendió el gasto público, que diferentes sectores consideran excesivo, es difícil que ningún funcionario diga lo contrario. Se entiende que el superintente de Bancos, licenciado Rafael Camilo, y otros hagan causa común con el mandatario sobre el gasto y otros problemas administrativos. Pero es muy difícil justificar la función de decenas de subsecretarios y la caterva de asesores, asistentes, ayudantes, embajadores y cónsules que drenan la administración pública. Pero además los sueldos. La crisis financiera que azota al planeta ha llevado a países de la región con mejores índices que República Dominicana a suprimir embajadas y consulados como parte de programas de austeridad. Sin embargo, por aquí se defienden gastos difíciles de justificar y que contrastan con la eficiencia administrativa como los que se destinan para pagar botellas. No se debe confundir una cosa con la otra.

Conflicto en Monte Grande

La presa de Monte Grande, en Barahona, es una de las obras más aclamadas por diferentes sectores de la comunidad y la región.

Pero la ejecución ha encontrado otro obstáculo con la demanda interpuesta por una empresa constructora a causa del procedimiento utilizado por el Gobierno para erigirla.

La constructora Saipan alega que el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi) violó la ley de contrataciones públicas al adjudicar la obra grado a grado al consorcio brasileño AG-Convisa.

A través de los abogados Virgilio Bello Rosa y Rafael Ureña Fernández la demandante señala que el contrato por más de 200 millones de dólares suscrito por el Indrhi para el diseño, construcción y financiamiento de la obra viola la Ley 340-06.

Los demandantes intimaron al Indrhi a que anule el contrato suscrito el 22 de septiembre de 2006 con la firma AG-Covinsa y convocar a nueva licitación sobre el diseño,construcción y financiamiento de la presa.

Monte Grande es una obra aclamada como una necesidad para afrontar los problemas de agua potable, regadío y electricidad en Barahona y el Suroeste.

Si es verdad que violó los procedimientos al Gobierno parece que no le quedará más opción que revisar la adjudicación de la obra y actuar conforme a lo que ordena la ley.