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Si no había orden de cerrar Elsiglo21.com, entonces alguien se tomó las atribuciones de desconectar en forma arbitraria el periódico digital. Con motivo de los aparatosos allanamientos del viernes a la residencia y oficinas de su propietario, el veterano periodista Guillermo Gómez, la página electrónica fue sacada de circulación. Irónicamente, ya desde el 30 de diciembre de 2011 hasta finales de enero el medio digital, que se ha caracterizado por la difusión de escándalos públicos, había sido “hackeado”, sin que a la fecha se conozca de alguna investigación. Las instalaciones de Elsiglo21.com, las oficinas y la residencia del también productor de Aeromundo fueron allanadas en relación a denuncias de que los correos electrónicos de la Primera Dama habían sido intervenidos. La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, aclaró que el periódico electrónico estaba exento de las investigaciones para establecer responsabilidades sobre el supuesto espionaje de correos electrónicos. Sin embargo, además de que el periódico fue desconectado, llama la atención que las denuncias y los operativos se produjeran después de la difusión de escándalos y del anuncio del periódico sobre la publicación de reportajes comprometedores.

Tiene que explicarse

Como este no es un país de sabios, aunque muchos se lo crean, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) tendrá que desglosar su tesis sobre la operación de los polémicos aviones Tucano. De acuerdo con el mayor general Rolando Rosado Mateo, gracias a las aeronaves se evitó que en 2011 entraran al territorio 47,600 kilos de cocaína. Alienta que sea realmente así. Pero cómo se puede demostrar, sobre todo tratándose de una cantidad tan precisa. Corresponde a Rosado Mateo despejar las dudas al respecto. Que se sepa no ha sido perseguido y capturado ningún avión cargado de cocaína. Las avionetas confiscadas con relación al narco ha sido en aeropuertos locales. Con la proliferación de drogas, la eficacia de los polémicos Tucano ha sido cuestionada. Sin embargo, desde un primer momento todo el aparato oficial ha defendido la decisión del presidente Leonel Fernández de adquirir los aparatos como alternativa para combatir el narcotráfico.