RADAR

Por el rechazo que ha generado, el Gobierno está en la disyuntiva de imponer la reforma fiscal que ha planteado o modificarla de arriba abajo. La exclusión de los alimentos, sea porque el gravamen se trató de un error o del rechazó que generó, representa un paso. Se ha cuestionado fuertemente que para afrontar el déficit de unos 187 mil millones de pesos el Gobierno se decantara por un incremento de las recaudaciones a través del aumento y la creación de nuevos impuestos sin para nada tocar el gasto. Todavía hoy el sector empresarial planteaba la viabilidad de desmontar el gasto superfluo e incluso procesar a los responsables, habida cuenta de que el déficit no ha sido por la caída de las recaudaciones. Los sacrificios en que incurre el Gobierno a través de la inversión pública y la reducción de las compras se consideran insuficientes.  Se insiste en la eliminación de gastos como el  barrilito de los senadores, la alarmante nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores y los que representan los Consejos de Administración de diferentes empresas públicas. Además la supresión de entelequias que no cumplen ninguna función. Pese a la exclusión de los alimentos el Gobierno sigue en una disyuntiva.

Necesaria aclaración

El asunto no es que lo digo, sino que lo haga. De todas formas, es alentadora la decisión del procurador general de la República de investigar la fortuna que se atribuye al capitán de la Policía que murió en la avioneta que se precipitó en Tireo, Constanza. Se ha denunciado que Anthony Eduardo Leyva Pérez, a quien el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) definió como un agente encubierto, estaba vinculado al narcotráfico. Nada tiene de censurable que se establezca la procedencia de los bienes y sí en verdad pertenecían al capitán Leyva Pérez. Es posible que, en todo, caso los adquiriera en forma legal. La investigación que ordenó Francisco Domínguez reviste singular trascendencia en múltiples aspectos. Uno es terminar con la impunidad y el enriquecimiento ilícito. Para nadie es un secreto que hay muchos funcionarios, civiles y militares, que no justifican con sus salarios el patrimonio que han acumulado.