Estocada legitimada

Al convertir en ley el proyecto de presupuesto para 2010 la Cámara de Diputados ratificó el acta de defunción del Congreso que había suscrito el Senado con la aprobacíón de la pieza. Por intereses políticos las cámaras legislativas han abjurado de su misión de velar por el cumplimiento de las leyes, convirtiéndose en cómplices de su violación. Es inconcebible que un presupuesto que según el Poder Ejecutivo viola 24 leyes fuera, para colmo, declarado de urgencia y aprobado en dos lecturas consecutivas. La decisión significa que para el Congreso las leyes que aprueba y está llamado a supervisar como parte de sus funciones nada pintan, que su único interés son los ofensivos beneficios que reciben sus miembros. La mayoría peledeísta no guardó siquiera las formas en su decisión de actuar, con relación al Presupuesto, como una caja de resonancia del Poder Ejecutivo. El Congreso que viola sus propias leyes es el mismo que, paradójicamente, acaba de aprobar una nueva Constitución para regir las actividades nacionales. Ya no es verdad que la ley es la ley. Los diputados pudieron bañarse de gloria al exigir al Ejecutivo que cumpliera con las leyes, pero, lo mismo que los senadores, no hicieron más que revolcarse en el fango.

Polémico préstamo

Un préstamo por nueve millones de euros para el Cuerpo especializado de seguridad fronteriza (Cesfront) se ha erigido en materia de conflicto en la Cámara de Diputados. Y si es como ha declarado el vocero del bloque del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Leonel Cabrera, el contrato se presta a conjeturas. El legislador señaló que el préstamo, equivalente a unos 14 millones de dólares, carece de sustentación válida; o sea, que no detalla en qué será invertido. Por más desenfrenada que sea la carrera de endeudamiento externo hay barreras sociales y legales que no pueden rebasarse. El Cesfront necesitará recursos para su misión en la frontera, pero las asignaciones tienen que transparentarse, y más cuando proceden de créditos internacionales. Los diputados, como dice Cabrera, no pueden sancionar un préstamo que no se sabe en qué ni cómo se invertirá. Las conjeturas son obvias.