Interés
Parece que será necesaria una investigación, pero con todas las de la ley, en torno al conflicto con las tasas de interés. Se trata de una de la forma más adecuada para superar la controversia sobre los intereses crediticios. Mientras las autoridades monetarias insisten en que las tasas han bajado en el mercado, el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Manuel Cabrera, dice que la reducción sólo se aplica a nuevos préstamos. Al menos en los créditos hipotecarios todavía no se ha reflejado la rebaja en la tasa de interés. Cabrera señala incluso que tiene constancia de que en las asociaciones de ahorros y préstamos los réditos han subido en lugar de bajar. Pero el Banco Central y la Asociación de Bancos Comerciales alegan que como resultado de las medidas dispuestas por la Junta Monetaria los intereses han bajado. Cabrera piensa que las autoridades se refieren a los nuevos préstamos, porque en cuanto a los viejes los intereses se mantienen inalterables. Así es la cosa.

Insensatez en alboroto

No se corresponde con la sensatez el alboroto que se ha creado en torno a las sentencias a favor de un sobrino del comerciante Qurino Ernesto Paulino Castillo y de 31 policías sometidos en Puerto Plata acusados de servir al narcotráfico.

En el caso de la magistrada de San Cristóbal, licenciada Regina Carvajal Vizcaíno, el Colegio Dominicano de Abogados y varios juristas han defendido la sentencia que ordenó la libertad de Pedro Antonio Castillo Paniagua.

Sin embargo, sectores políticos y jueces de la Suprema Corte de Justicia han cuestionado la decisión bajo el insólito argumento de que no se puede dar estricto cumplimiento a la ley.

La jueza de la Cámara Penal de Puerto Plata, licenciada Rosa Francia Liriano, que favoreció a los 31 agentes de la Policía acusados del servir al narco, ha sido defendida hasta por la Oficina de la Defensa Pública.

Extraña, como alegan tanto los magistrados cuestionados como juristas, que no se analicen los expedientes para verificar lo que definen faltas comprobadas del Minsterio Público.

Como en otras ocasiones los ayudantes fiscales han tratado de lavarse las manos y embarrar a los jueces por sus propias faltas al no sustentar los expedientes con las pruebas correspondientes. Tanto en San Cristóbal como en Puerto Plata los magistrados dicen que actuaron conforme al mandamiento de la ley.