RADAR

Como los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD) se han atrincherado en sus posiciones, parece que la solución a la crisis en la Junta Central Electoral (PLD) tendrá que buscarla monseñor Agripino Núñez Collado. El PLD no cede en la sustitución de Franklin Frías y Yoel Lantigua como directores del Centro de Cómputos y de Elecciones, como reclama el PRD para superar el impasse que ha motivado la mediación del rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Los peledeístas se identifican con la propuesta de que ambos departamentos sean elevados a la categoría de gerencia y se designen a dos subdirectores, pero  dirigidos por sus actuales incumbentes. El PRD no se opone a la idea de las gerencias, pero con la condición de que no sean dirigidas por ninguno de los funcionarios cuestionados. El  caso de las elecciones de 2004, cuando el PLD objetó a Frías como director de Cómputos, por falta de confianza, es el factor que más pesa como referente en la solución al problema del tribunal. A petición de Núñez Collado se acordó designar al renunciante Miguel Angel García como administrador de informática. Es la presión que ahora pesa sobre el rector de la PUCMM.

El lío de Santiago

El conflicto en torno a la Junta Municipal Electoral de Santiago ha tomado un nuevo matiz con la juramentación del presidente y uno de sus miembros, no obstante una oposición del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). A través de un acto de alguacil el PRD había intimado al tribunal a que se abstuviera de la juramentación hasta tanto se dilucidara un recurso elevado contra la sustitución de Franklin Rosa como miembro del organismo. La sustitución de Rosa, que se hizo a petición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),  ha sido el detonante de la crisis, a tal punto que un miembro del organismo, el doctor Nicolás Cantisano, ha amenazado con renunciar si no es reconsiderada.  Pero el conflicto se ha agravado con otra intimación para que el tribunal suministre el padrón de inscritos y la relación del personal que es entrenado para laborar en los centros de votación. El caso de Santiago ensombrece más el impasse en torno a los departamentos de Cómputos y Elecciones.