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La Junta Central Electoral (JCE) ha vuelto a la palestra con la intención anunciada por algunos de sus jueces de establecer una tarifa e incrementar los servicios que ofrece la institución para cubrir sus costos operativos. Conforme a la tasa que se baraja el duplicado por una cédula de identidad y electoral, que en la actualidad se expide de manera gratuita, costará 500 pesos.

Sin embargo, el magistrado Eddy Olivares advirtió que el reajuste en la expedición de la cédula de identidad y demás documentos del Registro Civil sería ilegal, porque violaría la ley 8-92. Y recomendó al tribunal abocarse a un plan de austeridad antes que castigar a los usuarios con nuevas cargas.

Esto sería lo más pertinente, amén de que la JCE cuenta con una estructura administrativa que contrasta con la tecnología moderna. El plástico de la cédula, que se ha citado como urgente, no plantea ningún conflicto para su renovación cuando las circunstancias lo permitan. Si el tribunal está tan urgido de recursos lo más sensato es que se aboque a un programa, como el que en el período 2010-12 le permitió ahorrar, según Olivares, más de 123 millones 400 mil pesos,  antes que castigar a los usuarios con nuevas tarifas y el incremento del costo de sus servicios. Para colmo, ilegal.