RADAR

En el acto de conmemoración del Día de la Bandera que encabezó el presidente Leonel Fernández, el viernes en el Parque Independencia,  el  historiador Juan Daniel Balcácer,  se quejó por el mal uso que desde hace tiempo se dispensa al lienzo tricolor y al Escudo Nacional, por lo que abogó por la modificación de la ley  que lo regula, que data de 1943. Tiene razón el  titular de Efemérides Patrias, al señalar que  a menudo se  confeccionan y se  venden banderas sin las especificaciones de color y tamaño que  establece la Constitución y la ley que regula su uso, situación que también afecta  al Escudo Nacional. Con pena hay que admitir que  gran parte de la ciudadanía, especialmente  en la población juvenil, se ha perdido respeto y devoción por  los símbolos patrios, incluido  el Himno Nacional, que la gente ya no lo escucha con reverencia o solemnidad  cuando es entonado en un sitio público. Duele decirlo, pero  aquí se fabrican chancletas con los colores de la bandera, como si fuera un acto de fervor patriótico pisotear al lienzo tricolor. Lo peor  es que  el proyecto de modificación de la ley sobre uso de la Bandera y el Escudo ha perimido  en dos ocasiones  en el Congreso, lo que indica que a   los legisladores tampoco les importa el tema. Qué pena.

Desorden mayúsculo

Los  ayuntamientos del Gran Santo Domingo faltan a su obligación de   evitar o impedir que  las calles y aceras  sean ocupadas u obstruidas por  constructores o personas que instalan negocios de todo tipo en las vías públicas. En un reportaje de El Nacional se  revela el drama  que significa  la invasión de vías de paso de peatones y conductores por parte de  compañías que construyen edificios en diferentes  lugares, sin que las autoridades edilicias digan siquiera esta boca es mía. En intercepciones tan concurridas como  la de la avenida Duarte esquina  Paris,  ya no se puede transitar por las aceras y es difícil hacerlo por medio de la calle, pues ambas están ocupadas por un improvisado mercado de pulgas y de ventas de productos agrícolas. Cada  cual se cree en derecho de instalar en aceras o calles un taller de mecánica, fondas, restaurantes, cafetines o usar el espacio público como almacén de materiales de construcción. No hay autoridad.