RADAR

Tal parece que  en el Partido Revolucionario (PRD) han  identificado al menos camino y forma para poder llegar a un entendimiento que ponga fin a la crisis creada a partir de los resultados   de las elecciones internas para escoger al candidato presidencial perredeista. Se afirma que  los sectores  en pugna han aceptado la mediación del ex presidente de Panamá, Martín Torrijos, cuya gestión estaría endosada por la Internacional Socialista. Torrijos habría enviado sendas correspondencia con  similar texto al ingeniero agrónomo Hipólito Mejía y al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, a  quienes recuerdas que en varias oportunidades, el extinto líder,  doctor José Francisco Peña Gómez renunció a posiciones para dar paso a otros compañeros, y además los insta a  colocar el interés de la nación por encima del personal. Un grupo de expertos en  manejo de crisis ha  diseñado un cronograma de discusión y entendimiento que podría ayudar a conjurar el impasse que amenaza con fraccionar al PRD. Cabeza fría, aunque arda el corazón. A Mejía y a Vargas Maldonado les conviene halar la cuerda en la misma dirección.

Bien hecho

La fiscal de Santiago Yenny Berenice Reynoso, ha cumplido con su deber  al querellarse contra una jueza interina del Juzgado de Instrucción, por alegada comisión de  faltas graves, al ordenar la libertad de siete acusados de atraco, tráfico de drogas y otros crímenes. La magistrada Reynoso aclara  sometió por ante la Suprema Corte de Justicia a la jueza Luisa García por considerar  que violó principios de inmediación de justicia rogada, al negarse a solicitar al Ministerio Público las pruebas contra los imputados a los que liberó de forma administrativa, fuera de audiencia y desde su oficina. A los jueces de la Suprema corresponde valorar la querella de  la fiscal de Santiago, pero debe decirse que  esa funcionaria cumplió cabalmente con su deber, porque en ese caso no se trataba de recurrir la providencia de la jueza García, sino de  enunciar el hecho de que habría ordenado  la libertad de   acusados de crímenes graves, por vía administrativa, sin la participación del Ministerio Público.