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El berrinche del presidente de la Junta Central Electoral (JCE) no es sólo porque no le asignaron el presupuesto que había solicitado. En la confrontación del magistrado Roberto Rosario con el Palacio Nacional, que en ocasiones deriva en un tono personal, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, ha aireado otras connotaciones.

Según Pina Toribio, la ofensiva de Rosario se debe a que está negado a que la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas fiscalice a la JCE. La respuesta no deja de asombrar, e incluso da lugar a que se piense que algo oculta la entidad al resistirse a que, como todo ente público, se supervisen sus operaciones y tenga que regirse por las normas de la función pública. A la JCE se le ha criticado que, en estos tiempos modernos, opere con gastos astronómicos.

No sólo en cuanto a las oficinas que, forzada por las circunstancias, tuvo que cerrar en el exterior, sino en  la construcción de locales y un nómina que se considera muy elevada. Rosario ha defendido su negativa a que se fiscalicen los procesos de compras y contrataciones, pero sus argumentos no son los más convincentes. Al menos en lo que respecta a la transparencia. No puede olvidar que el organismo no es una isla de poder.