RADAR

El hallazgo de decenas de tapas del alcantarillado de la Zona Colonial no ha supuesto la eliminación del peligro que representan los boquetes en las diferentes vías del sector. Y todo por el espectáculo que patrocinan  la Fiscalía del Distrito Nacional y la Policía al retener las piezas,  encontradas en el traspatio de una residencia de la Padre Billini, bajo el alegato de que se trata de cuerpos de delito. El argumento de las autoridades contrasta con la eficiencia y traduce un grave problema de credibilidad, toda vez que no se cuenta con otra forma que no sea física para presentar ante los tribunales un cuerpo incriminatorio. Tal vez haya que esperar un proceso judicial, con suerte de que no llegue a casación, para que las piezas puedan utilizarse para tapar los alarmantes orificios. En algunos lugares la gente ha colocado objetos, que en nada contribuyen con el ornato, para alertar a conductores y peatones sobre los peligrosos boquetes. Los robos de tapas del alcantarillado son una práctica recurrente,  caracterizada por la impunidad, pero ahora que se dice que las piezas han sido recuperadas resulta que no se pueden utilizar porque constituyen cuerpo de delito. Cualquiera pensaría que cuando no es Juan, es Juana. Lo  que más parece una tragicomedia.

No luce denuncia

Al procurador adjunto para el sistema eléctrico no le luce la denuncia sobre los millonarios fraudes que dijo se cometen en ese sector. Moisés Ferrer sabe que su función es perseguir las conexiones o evasiones en el pago del servicio antes que  amplificarlo. Evidencia incapacidad al no actuar contra una irregularidad que según él es superada únicamente en materia de recursos por el crimen organizado y el narcotráfico. Si el fraude eléctrico alcanza la dimensión que le atribuye el funcionario se debe a la ineficiencia de las autoridades para combatirlo. El papel de denunciantes de una práctica irregular no encaja con sus funciones de garantes de aplicación de las leyes. Para colmo se alega que se denuncia y no se actúa para no chocar con intereses político y económico que se benefician del servicio eléctrico. Ferrer debe dejarse de hablar y enfrentar a los sectores que evaden el pago de la electricidad. De esa manera cumpliría con su deber como procurador para el sistema eléctrico.