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Miles de haitianos que cursan diferentes carreras en universidades dominicanas, algunos con encomiables índices académicos, están perturbados por las acusaciones de vecinos de barrios de Santiago y otras comunidades contra compatriotas suyos. Y no es para menos cuando para justificar la expulsión de haitianos se invocan alegatos discriminatorios combinados con imputaciones penales de las que no se apodera a las autoridades. Unos 27 mil jóvenes que cursan carreras en universidades de Santiago, Santo Domingo y otras localidades quieren que les permitan estudiar en paz, sin el acoso que supone la presión contra sus compatriotas. Así debe ser, más tratándose de jóvenes que una vez completados sus estudios ni siquiera se quedan legal o ilegal en este país, sino que retornan al suyo para poner sus conocimientos a favor del desarrollo. Los estudiantes han reclamado la intervención del presidente Leonel Fernández, quien les ha ofrecido desde becas hasta toda suerte de apoyo, para que frenen las presiones y abusos contra la comunidad haitiana.  Los docentes tienen razón en sentirse perturbados, pues es cierto que  muchos compatriotas se han excedido al querer hacer justicia por sí mismos.

Escándalo con títulos

Por lo alarmante que resulta, la Procuraduría General de la República y el Registrador Nacional de Títulos no pueden dejar un cabo suelto sobre la supuesta mafia que estafó con más de mil millones de pesos a hoteleros e inversionistas del Este con la venta de títulos falsos. Tanto la seguridad jurídica como la imagen del país están en juego con la operación de que han dado cuenta las propias autoridades, pero sobre la que abundan denuncias al por mayor y detalle. Si bien cuesta explicarse cómo pudo llegarse tan lejos en la práctica, sobre todo con los controles de que se daba cuenta, ahora se está compelido a actuar sin contemplaciones. Tanto para resarcir a las víctimas como para salvar la imagen de la nación como destino fiable para la inversión inmobiliaria. Aunque hay varios detenidos, elementos políticos o económicos no pueden ser óbices para que los sospechos de participar en el escandaloso fraude respondan por sus hechos. En esos asuntos siempre hay complicidades.