RADAR

Las imputaciones al gigante Goldman Sachs comprometen más a Wall Street en la crisis financiera de la que Estados Unidos y otras potencias no acaban de recuperarse del todo. Y constituyen un vigoroso pie de amigo para las regulaciones del sistema bancaria que, por encima de la oposición de los grandes consorcios, está decidido a impulsar el presidente Barack Obama. Goldman ha sido acusado de fraude por la Comisión de Intercambio y Valores que investigó la participación de la banca en la debacle financiera originada en el sector inmobiliario. En medio del malestar ha trascendido que bancos estadounidenses también están comprometidos, a través de estadísticas y operaciones fraudulentas, en la crisis que afecta a Grecia. Hace unos días que The York Times reveló que otro gigante, Lehman Brothers, se valía de una empresa vinculada para camuflar muchas de sus operaciones irregulares. Para amortiguar los efectos de las regulaciones que impulsa Obama, que han cobrado más fuerza con las acusaciones contra Goldman, los grandes mercados han comenzado a tomar previsiones. Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no se sintió frente a la debacle financiera ha irrumpido en escena con algunas advertencias.

Cacería de periodistas

Los seis periodistas que han sido asesinados en los últimos dos meses en Honduras describen un escenario peligroso para el ejercicio de la información bajo el gobierno del presidente Porfirio Lobo. Digno de levantarse. La última víctima del acoso que sufre la prensa en la nación centroamericana es el periodista Georgino Orellana, quien fue baleado en la cabeza por un desconocido. Todas las víctimas tienen en común su condición de opositores al golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Y como ironía del destino los seis periodistas han caído a manos de pistoleros que todavía no han sido capturados por las autoridades. Los repudiables asesinatos y la impunidad que los rodean constituyen el más irritante atentado contra la libertad de expresión y los derechos individuales en Honduras. Pese al inquietante sello cuesta aceptar que se trate de ajustes de cuentas políticos, por la oposición de las víctimas al golpe  y a sus críticas al Gobierno.