Hasta que la Junta Centra Electoral (JCE) no elimine el reglamento para efectuar sus propias compras y contrataciones se mantendrá el ruido que ensombrece la imagen de la entidad. En torno al conflicto el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, y el juez de la JCE, Eddy Olivares, han reclamado que, a fin de abrir las puertas a la transparencia, se deje sin efecto la normativa.

Desde cualquier punto de vista resulta más conveniente, incluso para despejar suspicacias, que la JCE se acoja a la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas que insistir en el cuestionado reglamento.

Aparte de que, como advirtió Castaños Guzmán, la ley en cuestión es aplicable a todas las entidades públicas, incluidas las autónomas y descentralizadas. Es precisamente en ese aspecto que está el verdadero centro de la confrontación que generó el pulso que protagonizan el presidente de la JCE, Roberto Rosario, y el Poder Ejecutivo.

Lo demás es tangencial. A Rosario no se le ha discutido su alegato de que la Cámara de Cuentas es la única entidad facultada para auditar las operaciones de la JCE. Lo que sí se ha cuestionado es su oposición a la ley 340-06 sobre la base de la autonomía del organismo.