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Las violaciones y el tráfico de influencias que saltan a la vista en la asignación de los lujosos apartamentos  construidos por el Gobierno en el Residencial El Progreso demandan una investigación responsable. No se trata de un simple cotilleo, sino de un escándalo que, en violación de la ley, se asignaran espacios a propietarios de viviendas. Pero además de que haya tantos beneficiados relacionados con la Fundación Global, del expresidente Leonel Fernández, y con la actual vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Tan censurable como la falta de transparencia en la adjudicación de los pisos es el sacrificio de dos millones de pesos con que el Estado subsidió a cada uno de los 179 agraciados. Cada apartamento tiene un costo promedio de 5.3 millones de pesos, pero el Gobierno lo asignó con un inicial de 911 mil pesos y un financiamiento de 2.2 millones. Una ganga para los afortunados, entre los que también figuran jueces, militares  y familiares cercanos de funcionarios y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El escándalo de los apartamentos demanda una investigación para aplicar la consigna, en caso de comprobarse alguna irregularidad en su asignación, corregir lo que está mal.  Se impone, pues, manos a la obra.

Hirientes decisiones

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha tronado contra la Justicia por la sentencia de un tribunal de Santiago que ordena la reapertura de dos negocios cuyo propietario está acusado de narcotráfico. Pero también en Bella Vista están desconcertados por la sentencia del presidente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Alexis Read Ortiz, sobre la construcción de una gasolinera en la avenida Rómulo Betancourt. Tras un descenso, el magistrado no reparó en las violaciones que supone la construcción de la estación, como estar pared pared con un colegio y a menos de la distancia establecida de otras, para sustentar su fallo en que no había encontrado hostilidad en los vecinos. Se amparó en un sospechoso grupo que coreaba a favor de la obra y no en lo que establece la ley. Mal proceder, si es así. Lo mismo que aduce Rolando Rosado Mateo sobre  la reapertura de negocios cerrados por los supuestos vínculos con el narcotráfico.