Radar

Políticos embarrados
La clase política ha vuelto a bailar en procesos contra imputados de narcotráfico y lavado de activos. Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), quien será sometido por tráfico de cocaína y lavado, declaró tras ser repatriado de Venezuela, que un político lo ha metido en el lío que afronta. No lo identificó, pero sí dijo que le había prestado un dinero.

 También Manuel Mesa Beltré (El Gringo), detenido a principios de noviembre de 2009 con 4.3 millones de pesos en efectivo y 920 euros que transportaba en un vehículo, declaró, para resaltar su influencia, que tenía una nómina de militares y políticos. Pero como Toño Leña, tampoco reveló ningún nombre. El hecho es que en casi todos los escándalos relacionados con narcotráfico y lavado siempre se alude al liderazgo político. Pero además es lo que se percibe. Al ser repatriado desde Venezuela, en donde fue detenido al viajar con documentos falsos, Rosario Puente dijo que desconocía al fugitivo José David Figueroa Agosto, de quien las autoridades habían dicho que era su lugarteniente.  El imputado será procesado en La Romana y desde ya el fiscal José Antonio Polanco declaró que pedirá 30 años de prisión. O sea, que el expediente está preparado.

Infeliz versión

Lo que no explicó el administrador de la Lotería Nacional al justificar el ataque a tiros contra un equipo del programa “El Informe de Alicia Ortega” son los símbolos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del vehículo que transportaba electrodomésticos del organismo. Tampoco que  los agresores no dieran parte a la Policía si sospechaban que podrían ser asaltantes los ocupantes de la camioneta que los seguía. Es lo que consigna un Estado que prohíbe la justicia con las manos. Enrique Martínez también debe explicar eso de que el vehículo de los reporteros daba más la impresión de ser de un grupo de asaltantes que de un equipo de prensa, además de si los electrodomésticos son para beneficiar a necesitados por qué, como reveló Alicia Ortega, eran depositados en comandos de candidatos peledeístas. La Policía debe aclarar la agresión, y la Junta Central Electoral hacer lo mismo en cuanto a la evidente utilización del bien público en beneficio del oficialismo.