Abuso de poder
Tan abuso de poder es el cierre y desacato a la sentencia que ordena la reapertura del canal 53, de Santiago, como la censura oficial de la que según el Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa han sido víctimas otros medios.

Con todo y que está condenado al pago de cinco mil pesos por cada día que pase sin proceder a la reapertura del canal televisivo, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) está decidido a no acatar la sentencia, por lo menos hasta antes de las elecciones del domingo. Sólo así entiende que puede callar al productor Ernesto Fadul, quien ha formulado duras críticas contra el presidente Leonel Fernández, funcionarios y legisladores oficialistas. En lo que definen como muestras de intolerancia política y un atentado a la libertad de expresión, los gremios periodísticos denunciaron agresiones físicas y suspensión contra productores, así como el cierre de canales en Santiago, La Romana, Sabana de la Mar y Jarabacoa. Pero nada. Citaron que por presiones oficiales se impidió la retransmisión del programa en que la periodista Alicia Ortega daba cuenta del uso de recursos de la Lotería Nacional a favor de candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. También silencio.

Necesario reglamento

Es necesario que el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) y la Dirección de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor) se pongan de acuerdo en torno a la venta de gas licuado de petróleo. La normativa que se discute debe tener como objetivo básico beneficiar a los consumidores, pero sin perjudicar a los envasadores. Se trata de la diferencia que por la estabilidad del inflamable mercado deben conciliar dos entidades entre las que no debería asomar ningún tipo de antagonismo. Sin necesidad de conflictos cada entidad debe entender, como observó la presidenta de la Asociación de Comités de Amas de Casa, Rosario López, que tiene que cumplir sus funciones: Digenor en el aspecto técnico de las envasadoras y Proconsumidor en cuanto a los derechos de los usuarios. Pero si esas labores las asumen de común acuerdo, incluso a través de un reglamento, habría menos conflictos con el negocio del gas licuado de petróleo.