RADAR

Genera más preocupación la hipótesis de que pudiera ser un acto de venganza la muerte el domingo en San Víctor, Moca, de un miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) durante una confrontación con seguidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Porque el caso plantea que se pudieran aprovechar las actividades proselitistas para dirimir rencillas personales. De la muerte de Antonio Peña Ramos, quien recibió un balazo durante el incidente se ha responsabilizado al dirigente peledeísta Pedro Santos.  De hecho, el PRD anunció que procederá judicialmente contra el presunto victimario de Peña Ramos. Sin embargo, familiares de éste no descartan que la confusión política fuera sólo el pretexto para el crimen. Alegan que Peña Ramos había tenido discusiones con jugadores de póker y en galleras. La hipótesis de la muerte por venganza merece que se le preste atención. Más todavía cuando se sabe que la condición de militante o un flequillo del partido de  la oposición en un vehículo es suficiente para tildar de persecución política cualquier violación de la ley. Y si la alegoría es del partido en el poder, pues se trata simplemente de una patente de corso que garantiza impunidad.

Atención primaria

Las Unidades de Atención Primaria de Salud, que están supuestas a entrar en vigencia a partir del 1 de mayo, han vuelto a erigirse en fuente de conflicto. También la claque sindical estima que estarían destinadas al fracaso de comenzar a operar como ha dispuesto el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Con todo el tiempo que había por delante, no deja de extrañar que se espere prácticamente el último momento para volver a debatir el problema. La Asociación de Dueños de Clínicas Privadas (Andeclip) y el Colegio Médico Dominicano han objetado que el modelo de la Seguridad Social entre en vigencia tal y como fue concebido a partir del mes próximo. Pero ahora también se opone la mediática dirigencia sindical. La única voz que no se ha escuchado es la de los cientos de miles de personas que no tienen acceso o son las beneficiarias del sistema. Si  conviene a los usuarios y cumplen con las leyes, las autoridades deben implementar el sistema como está establecido.