Los empresarios del transporte de pasajeros tienen razones más que suficientes para no abrir la boca por las sucesivas alzas en los precios de los combustibles.

En un año y nueve meses el Gobierno les ha proporcionado nada más que 3,222,809.88 pesos a través del subsidio de 76,450,000 galones de combustible. El aporte con que ya quisieran contar otros sectores no se ha traducido ni siquiera en más respeto a las leyes de tráfico.

Y al usuario ni se diga. Para más fortuna el Gobierno destinó un porcentaje de 2 pesos por galón de gasolina del impuesto a los combustibles consignado en la reforma fiscal para la supuesta renovación de chatarras y mejoría del servicio. Sin fiscalización alguna. Lo mismo que se ha hecho desde siempre para controlar a los empresarios del transporte, específicamente a los grandes consorcios.

El Gobierno ha demostrado que le importa un comino lo que hacen los transportistas con el combustible subsidiado. Y de ahí que no se haya interesado ni siquiera en investigar las denuncias sobre gremios fantasmas que son beneficiados o el comercio irregular de los carburantes. Lo importante es mantenerlos callados, aunque sea al precio de más de tres mil millones de pesos en los últimos 21 meses.