El manual de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial para recuperar bienes robados mediante sobornos, malversaciones y otras prácticas de corrupción no es más que una forma de perder el tiempo. Con la impunidad que brinda la corrupción no hay forma de que los países en desarrollo puedan recuperar siquiera uno de los 20 mil o 40 mil millones de dólares que la clase dirigente sustrae de sus arcas. Si bien alega que en los últimos 15 años se han recuperado unos cinco mil millones es muy difícil que sin tribunales, tipo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, controles o asesoría de organismos internacionales comprometidos en la lucha contra la corrupción, pueda tener éxito ningún manual para recuperar bienes mal habidos. Más que instructivos, muchos países, entre los que figura República Dominicana, lo que necesitan es voluntad para enfrentar el pernicioso flagelo. Por el atraso de estos países, del que son testigos la ONU y el Banco Mundial, su manual contra el enriquecimiento ilícito y otras prácticas corruptas no es ni siquiera un ejercicio de buena voluntad. Lo más probable sea que estén escandalizados por el incremento de la pobreza a costa de la corrupción política.
Fondos pensiones
Aunque no generen mayores beneficios es preferible que los fondos de pensiones estén seguros y no que sean tocados por el Gobierno para ningún proyecto. Experiencias tan traumáticas como la desaparición del Banco de los Trabajadores generan dudas sobre iniciativas como la diversificación de los recursos que plantea el superintendente de Pensiones. Será siempre preferible el 10.9 por ciento de interés que generan al año los 120 mil millones de pesos con que cerrarán los fondos este año a un incierto mayor porcentaje. Por más que insista el superintendente de Pensiones, Joaquín Gerónimo, no hay confianza con los proyectos para utilizar recursos que no pertenecen al Gobierno, sino a la clase trabajadora. Con el crecimiento que ha declarado el Gobierno en la economía se torna más innecesario que se toquen los fondos para ningún proyecto oficial o privado. Si acaso, son los trabajadores, que no es lo mismo que los sindicalistas, los que deben decidir la suerte.

