Por más inocencia y difamación que se alegue, audiencias como la convocada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por supuestas violaciones de las prerrogativas de dominicanos de ascendencia haitiana, ensombrecen la imagen de República Dominicana. En víspera del proceso el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de las Naciones Unidas, había recomendado al Gobierno la supresión de supuestas trabas para documentar a los domínico-haitianos.
Si no se trata de una acusación es obvio que representa la percepción que ha ganado terreno en organismos y la comunidad internacional. Y más cuando la entidad también reclama restituir de cédulas, actas o cualquier otro documento anulado por la Junta Central Electoral (JCE) a domínico-haitianos.
La gran defensa anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la JCE y la Dirección de Migración no es un asunto de titulares en la prensa nacional, sino ante los organismos que han dado curso al expediente por supuesto atropello contra dominicanos de ascendencia haitiana. No es la primera que las autoridades tienen que vérselas ante organismos internacionales por supuesta discriminación contra inmigrantes haitianos.
El Nacional
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