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Que la sede de la embajada de Estados Unidos fuera  escenario de una reunión entre los fiscales del Distrito Nacional y de Puerto Rico para analizar la extradición de Eddy Brito, uno de los imputados en el proceso relacionado con las operaciones del boricua José David Figueroa Agosto, se presta a conjeturas. La sede diplomática no sólo no es el lugar menos apropiado, por más velas que pueda tener Estados Unidos en el caso, sino que también deja la triste impresión de una abominable subordinación del Ministerio Público. Es inaceptable que no hubiera otro sitio que generara menos especulaciones para el encuentro en torno a la extradición de Brito sostenido por los fiscales Alejandro Moscoso y  Timothy Halty. Bochornosos antecedentes, como el interrogatorio practicado a Brito en el despacho del fiscal Moscoso por agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y funcionarios judiciales de Puerto Rico, no justifican la nueva estocada a la soberanía. De ofrecerse una explicación, como en efecto se espera, tiene que ser creíble, con fuerza suficiente para despejar las especulaciones que derivan de un encuentro que, a todas luces, traduce subordinación a los intereses de Estados Unidos.

Conviene aclaración

La diputada Guadalupe Valdez, de Alianza por la Democracia (APD), uno de los partidos aliados al Gobierno, ha formulado una grave denuncia con relación a algunos contratos de préstamos. De acuerdo con la legisladora se han aprobado préstamos que no están contemplados en el Presupuesto. Es inconcebible que en medio de los apuros que han motivado la reforma tributaria los congresistas se permitan sancionar empréstitos que aumenten la carga del contribuyente. La denuncia de la legisladora debe investigarse. Tiene razón la congresista al señalar que en un momento de crisis económica, que tanto sacrificio y sufrimiento genera para la población, se endeude más a la nación con préstamos para obras improductivas. Alienta que haya congresistas que puedan colocar los intereses colectivos por encima de los asuntos políticos y particulares. Si algo cabe esperar es que la denuncia de la diputada de la APD no quede en el aire, sino que se investigue a fondo.