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La apertura de las Unidades de Atención Primaria como base del Régimen Contributivo del Sistema de Seguridad Social no ha sido más que un protocolo. No han comenzado a operar porque, según el ministro de Trabajo, ahora es cuando se iniciará la fase de concienciación y se completarán los requisitos. La entrada, a la que se había opuesto la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) y el Colegio Médico Dominicano (CMD), se hizo con el propósito de guardar las apariencias, a fin de que no se resquebraje el principio de autoridad. En diciembre de 2011 el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) había resuelto que las unidades comenzarían a operar a partir del 1 de mayo de este año. Pero la resolución sólo contó con el respaldo de los empleadores, que la ponderaron como una oportunidad para fortalecer incluso las relaciones laborales. Hubo suficiente tiempo para implementar todos los requisitos que ahora se plantean para que cientos de miles de personas se beneficien del sistema. Lo del médico de confianza que han enarbolado como obstáculo Andeclip y el CMD es irrelevante, pues al común de la gente lo que más le importa son las atenciones facultativas.

Amenaza censurable

 El senador José Rafael Vargas ha dado lugar a una confrontación que sólo aporta más tensión con su amenaza de someter a un juicio político al juez Eddy Olivares por la disensión de éste con supuestas medidas unilaterales que atribuye al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario. Al margen de lo sintomático que resulta una advertencia contra el único magistrado que osa levantar la voz sobre decisiones que se prestan a las más variadas conjeturas. Lejos de intimidarse, Olivares ha desafiado al legislador a que lo someta a un juicio, tras advertirle que no cesará en su defensa de la Constitución y de la Ley Electoral. Al precisar que su actitud no es obstruccionista, sino en procura de que se garanticen la equidad, igualdad y transparencia,  se la pone difícil al senador por Espaillat. Da a entender que defiende las leyes que el senador, en tanto protege intereses políticos, no vela para que se apliquen. Y todo por una desproporcionada amenaza de juicio político.