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Dentro de las múltiples y alarmantes irregularidades que se han denunciado en las elecciones del 16 de mayo, la Junta Central Electoral (JCE) tiene una prueba de fuego no sólo con el escarnio de Oviedo, sino del municipio de Monte Plata. La diputada y candidata a alcaldesa María Estela de la Cruz piqueteó la sede de la JCE para que falle el recurso a través del cual dice demostrar que se incurrió en irregularidades para despojarla de la victoria. La legisladora expresó que, aunque no fueron aliados, al candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se le sumaron 406 votos de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) como parte de las supuestas maniobras para declararlo ganador. De la Cruz dijo que si se descuentan los votos de la UDC agregados al candidato peledeísta ella ganaría la sindicatura con una diferencia de 236 sufragios. La Junta, por lo visto, tendrá que hilar fino tanto frente al espinoso caso de Pedernales como al de Monte Planta al menos para salir lo menos embarrada posible del degradante  proceso. Máxime por las múltiples irregularidades, entre las que figura el censurable uso y abuso de los recursos públicos,  que lo caracterizaron desde un primer momento. Fallar con apego a la verdad quizás sea lo único que le quede.

Un caso complejo

Al señalar que a la consultora jurídica del Comité Nacional de Lavado de Activos, Sonya Erudice Uribe Moya, no se le puede condenar por operaciones comerciales o profesionales con imputados en el expediente del fugitivo José David Figueroa Agosto, la presidenta del Consejo Nacional de Drogas (CND), Melba Féliz, ha dicho una gran verdad. Pero sólo a medias. Tampoco se puede inculpar sin pruebas a otros de quienes se dice han realizado operaciones con supuestos allegados al  capo boricua. Todos deben ser medidos por la misma vara. Se presta a todo tipo de conjeturas, esa es la verdad, que la funcionaria haya adquirido una yipeta y un apartamento que en el expediente contra Figueroa Agosto figuran como cuerpos de delito. Uribe Moya, quien renunció tras el escándalo sobre esos y otros bienes, ha sido defendida, además de Féliz, por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, y por el Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso.