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No es lo que se piensa, pero las autoridades  deben saber el riesgo que corren y que  comprometen su crédito al negar que sectores militares y policiales estén envueltos en los crímenes que atribuyen al presunto capo boricua José David Figueroa Agosto. De hecho, los investigadores también han descartado, como se ha sospechado desde un primer momento, que Figueroa Agosto haya contado con algún tipo de protección en esferas de poder para evitar que lo capturen y cante. Por lo menos se sabe que poseía una identificación del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), en tanto es todavía un misterio la  facilidad con que evadió el cerco que le tendieron el día en que fue apresada la hoy desaparecida Sobeida Féliz Morel. Por las sospechas a todos los niveles las exclusiones han sido más comentadas que los detalles sobre las ejecuciones del coronel José Amado González González, Omar Antigua Polanco, José Gabriel Arias Castillo (Alex el Pelotero) y el empresario Rubén Soto Hayet que habría ordenado el fugitivo. Si por casualidad lo que procuran es limpiarse de algún tipo de sospecha saben que tienen que profundizar aún más las investigaciones para despejar importantes cabos sueltos.

Odioso y complejo

En tanto organizaciones de la sociedad civil piden profundizar las investigaciones, el asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo consideró indefendible el caso de la consultora de la Unidad de Lavado de Activos. Sonya Erudice Uribe Moya admitió que había comprado una yipeta y una casa a imputados en el caso del boricua José David Figueroa Agosto que figuran como cuerpos de delito. Sin embargo, la funcionaria no fue ni siquiera amonestada, lo que se atribuye a padrinazgo político. Castillo consideró que Uribe Moya debió ser separada del cargo antes de que ella renunciara tras develarse el escándalo. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y otras entidades cuestionaron que la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Distrito Nacional y el Consejo Nacional de Drogas adoptaran una actitud pasiva frente al caso de Uribe Moya. Estiman que  debió ser cancelada e investigada en lugar de hablarse de falta de ética en sus acciones.