RADAR

Si es como ha alegado el abogado Julio Cury, el procurador general de la República está abocado a probar que procede jurídicamente su decisión de reactivar el expediente por corrupción contra el senador Félix Bautista. Al solicitar que se revocara la petición de archivar la querella, Francisco Domínguez Brito afirmó que la solicitud de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) carecía de seriedad y de fundamento jurídico. Pero Cury, si bien calificó la decisión de Domínguez Brito de plausible y valiente, evocó el artículo 89 del Código Procesal Penal, según el cual el Ministerio Público es único e indivisible, para sustentar que la revocación del caso no procedía. El director del DPCA, Hotoniel Bonilla, fundamentó su petición de archivar el expediente contra el senador por San Juan y secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en que desde su punto de vista los hechos que se le atribuyen no infringían la ley. Cury también invocó los artículos 281, 393 y 395 para sustentar que Domínguez Brito se ha excedido en sus atribuciones al solicitar a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que reactive el expediente. Los argumentos ensombrecen ahora más la decisión del Procurador.

Tensión en Bella Vista

La tensión ha vuelto a Bella Vista con la sentencia que autoriza la instalación de una estación de gasolina en la avenida Bolívar. Residentes y otros sectores habían recurrido a los tribunales bajo el alegato de que la gasolinera, al margen de la seguridad, viola la Ley 317-72, que rige ese tipo de negocio. La estación estaría pared con pared con un colegio privado y a menos de 90 metros de otro. También estaría a menos de 700 metros de otras dos gasolineras. Al no encontrársele base jurídica se sospecha que intereses políticos han mediado en la decisión del juez de referimientos de rechazar el recurso de oposición a la instalación de la gasolinera. El mensaje ha sido frustratorio. Pero como el fallo fue apelado los residentes en Bella Vista y los sectores que se oponen al centro de abastecimiento de combustible tienen la esperanza de que se imponga la ley. Tanto en beneficio de la paz y  como de la seguridad jurídica. La estación se ha convertido en un desafío social y legal.