RADAR

La Asociación para el Desarrollo de Santiago se ha plantado sobre la reforma que ha propuesto el Gobierno para incrementar las recaudaciones. “De aprobarse la propuesta de reforma fiscal como ha sido formulada se afectaría”, advirtió, “el empleo, la seguridad jurídica, la inversión nacional y extranjera, la generación de divisas y la competitividad de Santiago, el Cibao y el país”. La entidad subrayó que sólo en las zonas francas y la producción de tabaco se arriesgaría el ingreso de 1,600 millones de dólares y el empleo directo de más de 38,000 personas. Su aspiración, sin embargo, es que la actual coyuntura sea aprovechada para establecer, de una vez y por todas, un modelo económico y social que promueva la inversión, el empleo digno, la estabilidad social y el desarrollo equilibrado y sostenible de las diferentes regiones y sectores de la economía. Por la pujanza y el aporte de la región a la economía la preocupación de los santiagueros no se circunscribe a un bulto mediático. Es digna de ponderarse y tomarse en cuenta. Lo que plantea es pensar en el desarrollo del país antes que en intereses políticos, personales o particulares. Sin embargo, anoche el Comité Político del PLD endosó la reforma a unanimidad.

El PRSC y la reforma

Resulta muy extraña la posición enarbolada por el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para que la reforma fiscal y el Presupuesto para 2013 sean sometidos al Congreso. Dado que las cámaras legislativas son las que tienen la última palabra, la propuesta de Ramón Rogelio Genao suena a advertencia. Al margen de que también ese huevo pueda querer sal. Genao, un aliado del Gobierno, estima que las metas fiscales y la política de gasto pueden ser abordadas en forma simultánea, además de que se trata de una labor del Congreso. Su criterio es compartido por legisladores oficialistas e incluso hasta por funcionarios. De ahí que se descarta que su propuesta fuera casual. De paso, ya el PRSC ha adelantado que respaldará lo que decida el Gobierno.  Con el control que tiene de las cámaras legislativas sería una jugada sucia del Gobierno llegar a un acuerdo con el Consejo Económico y Social  que luego no sea legitimado por el Congreso.