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Tanto la reforma de la Ley Electoral como la de Partidos Políticos tendrán que esperar otra legislatura para que puedan ser conocidas por el Congreso. La Electoral, porque es ahora cuando ha sido enviada al Congreso por la Junta Central Electoral (JCE), y la de Partidos, porque ha sido engavetada. El pretexto sobre la ley de organizaciones del vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, es que no se puede aprobar porque el ambiente está muy politizado, además de que no hay tiempo. Pero lo que no ha habido es voluntad, pues tanto el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, como el de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, se habían comprometido a que la pieza sería ventilada en la actual legislatura. El proyecto, que entre sus objetivos castiga el uso de recursos públicos en proselitismo político, fue sometido el 15 de junio por el presidente de la JCE, Roberto Rosario. No ha faltado el sarcasmo sobre la vocación democrática que se ha proclamado en contraste con una resistencia tan suspicaz. Es obvio que no habrá tiempo para sancionar la  reforma de la Ley Electoral, que establece un tope a los gastos de campaña y prohíbe las inauguraciones 15 días antes de las elecciones,   elaborado por  la OEA.

Sospecha con jueces

Ante la ola de rumores, la Coalición por una Justicia Independiente ha vuelto a clamar al Consejo Nacional de la Magistratura que la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia sea pública. Nada tiene de particular la petición de la entidad si en verdad se desea revestir la elección de la más absoluta transparencia. Y eliminar sospechas. Máxime frente a versiones de que los magistrados de las cortes superiores han sido seleccionados de antemano. La coalición, de la que forman parte la Cámara Americana de Comercio, Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Asociación de Jóvenes Empresarios (Anje) y Participación Ciudadana, también endosó que se haga una preselección de cada uno de los aspirantes para el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. El Consejo Nacional de la Magistratura debe entenderla inquietud como una advertencia de que no se aceptarán elecciones que no llenen los requisitos.